dijous 24 de maig de 2012
Intervenció per parlar de Bankia
El ministre De Guindos va comparéixer per donar explicacions sobre Bankia. Aquí teniu la meva intervenció
dimarts 22 de maig de 2012
dilluns 21 de maig de 2012
VAGA GENERAL SECTORS EDUCATIUS
D'aquí unes hores començara la Vaga General de tots els sectors educatius convocada per tots els sindicats de l'ensenyament i recolçada pel conjunt de la Comunitar Educativa. A ben segur que serà la mobilitzaciö més important a l'educació des de la transició. I no hi ha per menys. Els oportunistes de la crisi volen aprofitar per imposar decissions que en condicions normals serien impensables.
Demà en la meva condició de Diputat al Congrés per ICV-EUiA faré tot el que estigui en les meves mans per fer palés el recolçament a la Vaga General als sectors educatius.
Es una vaga contra les retallades de Wert i Rigau, tanto monta, monta tanto. Es sobre tot una vaga per la dignitat de l'educació i dels ensenyants. Es una vaga en defemsa del principal dret de les persones, després del dret a la vida. L'eduació és el dret que obre les portes a l'exercici d'altres drets.
Sense educació, l'accès a la feina és més díficil, la igualtat requereix de l'educació, sense educaciö la cohesiö social és molta díficil. Ho saben els paisos que han fer de l'educaciö la seva palanca pel progrés social i l'eficiència econòmica.
Malgrat les recomanacions del Consell Europeu insisteixen a tots els Governs que deixin l'educació al marge de les retallades, el Govern del PP a Espanya i de CiU a Catalunya no han volgut perdee l'oportunitat de provocar una ruptura amb el model educatiu que amb dificultats i esforços s'ha construit al nostre país.
Ánims i compteu amb tit el meu/nostre suport.
Bona nit i fins d'áquí unes hores, quan hagi començat a sortir el sol i amb ell la Vaga a l'educació.
dimecres 16 de maig de 2012
dilluns 9 d’abril de 2012
LOS OPORTUNISTAS DE LA CRISIS ATACAN DERECHOS BÀSICOS.
El anuncio del Presidente del Gobierno de un recorte de 10.000 millones de euros en Educación y Sanidad es la mejor imagen de lo que esta sucediendo en España en los últimos años y que se ha agravado con el gobierno del PP.
Desde el inicio de la crisis es evidente que el problema de España se llama sistema financiero. Las dudas y sobre todo la negativa de los sucesivos gobiernos a abordar de frente el colapso del sistema financiero no han hecho nada más que agravar las consecuencias de la crisis. A pesar de los muchos recursos públicos españoles y europeos dedicados directa o indirectamente a ayudar a los bancos, estos no cumplen su función, han ahogado el funcionamiento de la economía real, especialmente de PYMES y autónomos y han generado todo tipo de dudas sobre la economía española.
En este contexto, los poderes económicos y sus representantes políticos han reaccionado en una doble dirección. De un lado, ignorando la verdadera causa de la crisis y de la falta de credibilidad de la economía española, que no es otra que la carcoma que roe el sistema financiero español. No lo hacen porque hacerlo significa tocar intereses muy poderosos, de los accionistas, de los acreedores de los bancos.
Pero en paralelo, se esta aprovechando esta crisis para imponer de manera oportunista reformas que, en condiciones normales no les seria posible adoptar por procedimientos democráticos. La Reforma laboral es un buen ejemplo, como lo es el uso abusivo y de manera contraria a la Constitución de la figura de los Decretos Leyes, más de diez aprobados por el gobierno del PP en solo tres meses.
Se pretende aprovechar la crisis para privatizar importantes esferas del Estado social. Aunque el objetivo último de las privatizaciones y desregulaciones, además del negocio, es transferir poder de la sociedad y la política hacia los mercados de capitales.
El anuncio del Gobierno Rajoy de recortar en 10.000 millones los presupuestos de Sanidad y Educación es el último – hasta ahora - capitulo de esta estrategia. Mientras eso que llaman los mercados están incrementando la presión sobre la economía española convencidos que la crisis del sistema financiero terminara siendo asumida por el Estado, con sus costes en términos de más déficit y deuda pública, el Gobierno español se niega a intervenir en el sistema financiero o lo hace a ritmo de tortuga y sin afrontar el problema de fondo. El caso más evidente, es el de la situación de Bankia, el más grande los bancos afectados por la podredumbre del sistema financiero.
Y mientras en el terreno de la reforma financiera la parálisis es total, el gobierno hiperactúa en el campo del gasto público, una de los más bajos de la Unión Europea y especialmente en el de los gastos sociales, uno de los más débiles de nuestro entorno.
El resultado de esta nueva decisión del Gobierno del PP es evidente, Como le sucedió al gobierno Zapatero, estas medidas no solo no van a reducir la presión de los mercados de capitales sobre las finanzas públicas españolas, sino que van a agravar aún más la situación. Con las consecuencias de más desigualdad social, más riesgo de exclusión social y también más parálisis económica.
Esta mezcla explosiva de grandes intereses privados y de la teología desreguladora y privatizadora nos conduce directamente al abismo económico y social.
La sociedad española reaccionó el pasado 29 de marzo con la huelga general. Ahora más que nunca se hace imprescindible una respuesta clara del conjunto de la sociedad. Y en Catalunya ha llegado el momento de preguntarle a CIU, durante cuanto tiempo más continuaran apoyando una política tan antisocial, supuestamente en nombre de Catalunya.
Desde el inicio de la crisis es evidente que el problema de España se llama sistema financiero. Las dudas y sobre todo la negativa de los sucesivos gobiernos a abordar de frente el colapso del sistema financiero no han hecho nada más que agravar las consecuencias de la crisis. A pesar de los muchos recursos públicos españoles y europeos dedicados directa o indirectamente a ayudar a los bancos, estos no cumplen su función, han ahogado el funcionamiento de la economía real, especialmente de PYMES y autónomos y han generado todo tipo de dudas sobre la economía española.
En este contexto, los poderes económicos y sus representantes políticos han reaccionado en una doble dirección. De un lado, ignorando la verdadera causa de la crisis y de la falta de credibilidad de la economía española, que no es otra que la carcoma que roe el sistema financiero español. No lo hacen porque hacerlo significa tocar intereses muy poderosos, de los accionistas, de los acreedores de los bancos.
Pero en paralelo, se esta aprovechando esta crisis para imponer de manera oportunista reformas que, en condiciones normales no les seria posible adoptar por procedimientos democráticos. La Reforma laboral es un buen ejemplo, como lo es el uso abusivo y de manera contraria a la Constitución de la figura de los Decretos Leyes, más de diez aprobados por el gobierno del PP en solo tres meses.
Se pretende aprovechar la crisis para privatizar importantes esferas del Estado social. Aunque el objetivo último de las privatizaciones y desregulaciones, además del negocio, es transferir poder de la sociedad y la política hacia los mercados de capitales.
El anuncio del Gobierno Rajoy de recortar en 10.000 millones los presupuestos de Sanidad y Educación es el último – hasta ahora - capitulo de esta estrategia. Mientras eso que llaman los mercados están incrementando la presión sobre la economía española convencidos que la crisis del sistema financiero terminara siendo asumida por el Estado, con sus costes en términos de más déficit y deuda pública, el Gobierno español se niega a intervenir en el sistema financiero o lo hace a ritmo de tortuga y sin afrontar el problema de fondo. El caso más evidente, es el de la situación de Bankia, el más grande los bancos afectados por la podredumbre del sistema financiero.
Y mientras en el terreno de la reforma financiera la parálisis es total, el gobierno hiperactúa en el campo del gasto público, una de los más bajos de la Unión Europea y especialmente en el de los gastos sociales, uno de los más débiles de nuestro entorno.
El resultado de esta nueva decisión del Gobierno del PP es evidente, Como le sucedió al gobierno Zapatero, estas medidas no solo no van a reducir la presión de los mercados de capitales sobre las finanzas públicas españolas, sino que van a agravar aún más la situación. Con las consecuencias de más desigualdad social, más riesgo de exclusión social y también más parálisis económica.
Esta mezcla explosiva de grandes intereses privados y de la teología desreguladora y privatizadora nos conduce directamente al abismo económico y social.
La sociedad española reaccionó el pasado 29 de marzo con la huelga general. Ahora más que nunca se hace imprescindible una respuesta clara del conjunto de la sociedad. Y en Catalunya ha llegado el momento de preguntarle a CIU, durante cuanto tiempo más continuaran apoyando una política tan antisocial, supuestamente en nombre de Catalunya.
divendres 30 de març de 2012
UNOS PRESUPUESTOS NO CREIBLES, TRAMPOSOS E INJUSTOS
El Gobierno del PP ha presentado los Presupuestos Generales del Estado para el 2012. Hoy se ha hecho evidente que el Gobierno parece no haber entendido el mensaje que le envió la ciudadanía con las movilizaciones sociales del 29 de marzo. El Gobierno del PP contesta a la exigencia social de otra política y las llamadas al dialogo con medidas que son una provocación.
Parece que de lo único que es consciente el Gobierno y lo único que le preocupa con los PGE es no repetir la mala experiencia “comunicativa” de la Reforma Laboral. El PP parece ser consciente que la batalla de la huelga general la comenzó a perder, cuando no consiguió “vender” la reforma laboral como creadora de empleo. Y no ha conseguido evitar que el marco del debate social haya girado alrededor de la idea de una Reforma Laboral para el despido.
Posiblemente por eso la explicación de los PGE del 2012 has sido más modesta en las formas, pero igual de tramposa en su exposición.
La Vicepresidenta del gobierno ha explicado los PGE, recordando a los ciudadanos, todas las desgracias que la ciudadanía podía esperar de la desastrosa situación económica que sufrimos, pero que el Gobierno le ha ahorrado.
En palabras de la Vicepresidenta del Gobierno podían haber bajado las pensiones y no lo han hecho – dicen-, obviando que en términos reales los pensionistas tienen en 2012 menos poder adquisitivo por la combinación de subida nominal del 1% y subida del IRPF muy superior. Podían bajar las prestaciones por desempleo y no lo han hecho, obviando que hay 1.500.00 personas paradas sin prestación alguna y que la mayor parte de los parados cobran solo el subsidio de desempleo o una prestación asistencial. Podían haber bajado el sueldo a los empleados públicos y en cambio solo se lo han congelado, ignorando que los ajustes de salarios públicos de los últimos años han supuesto una reducción de un 20% de media en términos reales. Podían subir el IVA y no lo han hecho –. Aunque falta por ver si, a pesar de no explicarlo existe algún cambio en el tipo aplicable a algunos productos. No seria la primera vez que el Gobierno se “olvida” de explicar en la rueda del Consejo de Ministros algunos aspectos importantes de las decisiones adoptadas. Podían haber subido las tarifas de la electricidad un 40% - en palabras literales del Ministro Soria- y la subida en la Tarifa de Último Recurso – la que se aplica a la mayoría de las familias - solo ha sido del 7%
En resumen nos podían haber matado a golpes de ajuste y nos perdonan la vida y por ello se supone que hay que valorar positivamente los PGE 2012. Es eso lo que les ha permitido al Vicepresidenta y al Ministro de Hacienda, con el desparpajo que les caracteriza, calificar los PGE para 2012 de austeros, equitativos, equilibrados y por si fuera poco de inteligentes. Asistimos a un nuevo capitulo de las maniobras de la manipulación comunicativa, que ya están repitiendo machaconamente los miembros de la Acorazada Brunete de la Comunicación.
Por ello si queremos comenzar a ganar la batalla de la movilización contra los PGE 2012 como hemos hecho con la reforma laboral a las organizaciones sociales, sindicatos, partidos políticos nos corresponde explicar bien los contenidos de los PGE y desmontar esta nueva manipulación comunicativa. Pidiendo la colaboración de los profesionales de la comunicación conscientes de su función crítica en el cometido de explicar sus contenidos reales, más allá de la propaganda
Comenzando por explicar de nuevo que, siendo importante la reducción del déficit público, ello no solo depende de los ajustes en el gasto, ni de un incremento injusto de los impuestos. Y sobre todo insistiendo que no hay nada que justifique, salvo la obsesión teológica de los gobernantes europeos, que ese ajuste del déficit del 8,3% al 3,5% deba hacerse en solo dos ejercicios.
Los PGE que hoy hemos conocido deben de calificarse de “no creíbles”, justificados con “falsedades”, llenos de “trampas” en la explicación de su contenido, Ineficientes económicamente en el reparto por Áreas de los ajustes y profundamente “injustos” en el reparto de los costes.
Son “no creíbles”, ni en lo que se refiere a los ingresos, ni en los gastos. Y mucho menos en la consecución del objetivo final del déficit. No es creíble el incremento previsto de los ingresos, dado que la mayor presión sobre salarios del IRPF va a ser descompensada por la caída de la base tributaria fruto del desempleo y de la reducción de salarios. No es creíble que la Seguridad Social vaya a cerrar el ejercicio del 2012 con equilibrio presupuestario. La Seguridad Social no tiene ningún problema estructural de estabilidad presupuestaria, pero la reforma laboral y sus efectos en el empleo va a provocar una reducción de los ingresos, por la vía de menos cotizantes y por la vía de perores bases de cotización, fruto de salarios más bajos.
Son unos presupuestos explicados de nuevo con falsedades. Como la que de nuevo hoy ha vertido la Vicepresidente, cuando ha dicho que el País no se puede permitir el lujo de continuar gastando más de 90.000 millones de lo que ingresa. Este es sin duda el engaño que más se repite por parte del Gobierno, hacer crear a la ciudadanía que el problema deriva de un incremento descontrolado de los gastos, cuando 2/3 parte del déficit se debe a la caída de los ingresos, en parte por la crisis, en parte por la obsesiva política de ajustes drásticos. De la misma manera que es falso que la subida de las tarifas eléctricas venga obligada por un Auto del Tribunal Supremo. Eso es radicalmente falso. El problema del déficit tarifario proviene de una deficiente regulación de la tarifa y de pagos sobredimensionados a las eléctricas. Se ha perdido una gran oportunidad para aprobar un impuesto sobre la energía nuclear que permitiría recaudar ingresos y hacer corresponsables a las empresas que gestionan las nucleares de una parte de los costes ocultos que hoy genera la energía nuclear. Una oportunidad perdida también la semana pasada cuando se rechazo una Proposición No de Ley presentada en el Congreso de Diputados por el Grupo de la Izquierda Plural (IU,ICV-EUIA,CHA)
De nuevo se utilizan las trampas para explicar una medida de los presupuestos, Se justifica la reducción de las partidas de políticas para incentivar el empleo, con el argumento de que son programas ineficientes. Si eso es así lo que debería hacerse es aprobar otros programas de políticas activas y no reducir hasta mínimos las políticas de incentivo del empleo.
Son también unos PGE ineficientes en términos económicos y con el objetivo de salida de la crisis. No solo porque se reducen las partidas para políticas activas, sino porque uno de los Departamentos más afectados por el ajuste es el de Educación. Obviando así la Declaración del último Consejo Europeo que llamaba a los gobiernos europeos a salvar del ajuste fiscal los gastos en Educación, Investigación y Desarrollo. El Gobierno español utiliza la coartada de la UE para lo que le interesa y obvia todo aquello que no coincide con sus concepciones políticas.
Y por último son unos PGE profundamente injustos en el reparto de los costes. Sube un 7% la tarifa de último recurso de la electricidad, un 5% la del gas. Se aprueban nuevas tasas para el acceso de los ciudadanos a la Justicia. Se reducen las partidas para las prestaciones de dependencia .Se congela de nuevo el sueldo de los empleados públicos. Y en paralelo se acuerda una amnistía Fiscal, bajo la denominación de regularización que permite a los evasores fiscales eludir sus responsabilidades fiscales pagando solo el 10% de los capitales que hagan emerger. Eso sí, afirmando, como cada vez que se ha tirado mano de la amnistía fiscal a los evasores que esta es la última vez, pero sin que se aporten datos de como avanzar en la lucha contra la evasión fiscal de capitales Todo ello, mientras se atrasa “sine die” la Reforma Fiscal prometida. La única de las reformas estructurales que parece no ser urgente para el Sr Rajoy.
Deberemos estar atentos a la reforma el Impuesto de Sociedades anunciada y a su letra pequeña para ver si es cierto que supone un cambio de alguna significación. La experiencia de la última reforma en este sentido aprobada el 2006 a iniciativa del PSOE, con los votos de CIU y el val del PP nos permite dudar de las afirmaciones realizadas. Ya entonces se dijo que la reforma era para beneficiar a las PIMES y los grandes beneficiarios han sido grandes empresas y a los bancos.
Tendremos oportunidad de profundizar en el análisis en detalle de los PGE 2012 cuando entren en Congreso de Diputados. Pero de esta primera lectura de los datos presentados por el Gobierno podemos afirmar que son toda una provocación social. Una provocación que, no por anunciada, es menos graves y que sin duda justifica aún más la huelga general del 29 de marzo y la continuidad de las movilizaciones sociales.
Parece que de lo único que es consciente el Gobierno y lo único que le preocupa con los PGE es no repetir la mala experiencia “comunicativa” de la Reforma Laboral. El PP parece ser consciente que la batalla de la huelga general la comenzó a perder, cuando no consiguió “vender” la reforma laboral como creadora de empleo. Y no ha conseguido evitar que el marco del debate social haya girado alrededor de la idea de una Reforma Laboral para el despido.
Posiblemente por eso la explicación de los PGE del 2012 has sido más modesta en las formas, pero igual de tramposa en su exposición.
La Vicepresidenta del gobierno ha explicado los PGE, recordando a los ciudadanos, todas las desgracias que la ciudadanía podía esperar de la desastrosa situación económica que sufrimos, pero que el Gobierno le ha ahorrado.
En palabras de la Vicepresidenta del Gobierno podían haber bajado las pensiones y no lo han hecho – dicen-, obviando que en términos reales los pensionistas tienen en 2012 menos poder adquisitivo por la combinación de subida nominal del 1% y subida del IRPF muy superior. Podían bajar las prestaciones por desempleo y no lo han hecho, obviando que hay 1.500.00 personas paradas sin prestación alguna y que la mayor parte de los parados cobran solo el subsidio de desempleo o una prestación asistencial. Podían haber bajado el sueldo a los empleados públicos y en cambio solo se lo han congelado, ignorando que los ajustes de salarios públicos de los últimos años han supuesto una reducción de un 20% de media en términos reales. Podían subir el IVA y no lo han hecho –. Aunque falta por ver si, a pesar de no explicarlo existe algún cambio en el tipo aplicable a algunos productos. No seria la primera vez que el Gobierno se “olvida” de explicar en la rueda del Consejo de Ministros algunos aspectos importantes de las decisiones adoptadas. Podían haber subido las tarifas de la electricidad un 40% - en palabras literales del Ministro Soria- y la subida en la Tarifa de Último Recurso – la que se aplica a la mayoría de las familias - solo ha sido del 7%
En resumen nos podían haber matado a golpes de ajuste y nos perdonan la vida y por ello se supone que hay que valorar positivamente los PGE 2012. Es eso lo que les ha permitido al Vicepresidenta y al Ministro de Hacienda, con el desparpajo que les caracteriza, calificar los PGE para 2012 de austeros, equitativos, equilibrados y por si fuera poco de inteligentes. Asistimos a un nuevo capitulo de las maniobras de la manipulación comunicativa, que ya están repitiendo machaconamente los miembros de la Acorazada Brunete de la Comunicación.
Por ello si queremos comenzar a ganar la batalla de la movilización contra los PGE 2012 como hemos hecho con la reforma laboral a las organizaciones sociales, sindicatos, partidos políticos nos corresponde explicar bien los contenidos de los PGE y desmontar esta nueva manipulación comunicativa. Pidiendo la colaboración de los profesionales de la comunicación conscientes de su función crítica en el cometido de explicar sus contenidos reales, más allá de la propaganda
Comenzando por explicar de nuevo que, siendo importante la reducción del déficit público, ello no solo depende de los ajustes en el gasto, ni de un incremento injusto de los impuestos. Y sobre todo insistiendo que no hay nada que justifique, salvo la obsesión teológica de los gobernantes europeos, que ese ajuste del déficit del 8,3% al 3,5% deba hacerse en solo dos ejercicios.
Los PGE que hoy hemos conocido deben de calificarse de “no creíbles”, justificados con “falsedades”, llenos de “trampas” en la explicación de su contenido, Ineficientes económicamente en el reparto por Áreas de los ajustes y profundamente “injustos” en el reparto de los costes.
Son “no creíbles”, ni en lo que se refiere a los ingresos, ni en los gastos. Y mucho menos en la consecución del objetivo final del déficit. No es creíble el incremento previsto de los ingresos, dado que la mayor presión sobre salarios del IRPF va a ser descompensada por la caída de la base tributaria fruto del desempleo y de la reducción de salarios. No es creíble que la Seguridad Social vaya a cerrar el ejercicio del 2012 con equilibrio presupuestario. La Seguridad Social no tiene ningún problema estructural de estabilidad presupuestaria, pero la reforma laboral y sus efectos en el empleo va a provocar una reducción de los ingresos, por la vía de menos cotizantes y por la vía de perores bases de cotización, fruto de salarios más bajos.
Son unos presupuestos explicados de nuevo con falsedades. Como la que de nuevo hoy ha vertido la Vicepresidente, cuando ha dicho que el País no se puede permitir el lujo de continuar gastando más de 90.000 millones de lo que ingresa. Este es sin duda el engaño que más se repite por parte del Gobierno, hacer crear a la ciudadanía que el problema deriva de un incremento descontrolado de los gastos, cuando 2/3 parte del déficit se debe a la caída de los ingresos, en parte por la crisis, en parte por la obsesiva política de ajustes drásticos. De la misma manera que es falso que la subida de las tarifas eléctricas venga obligada por un Auto del Tribunal Supremo. Eso es radicalmente falso. El problema del déficit tarifario proviene de una deficiente regulación de la tarifa y de pagos sobredimensionados a las eléctricas. Se ha perdido una gran oportunidad para aprobar un impuesto sobre la energía nuclear que permitiría recaudar ingresos y hacer corresponsables a las empresas que gestionan las nucleares de una parte de los costes ocultos que hoy genera la energía nuclear. Una oportunidad perdida también la semana pasada cuando se rechazo una Proposición No de Ley presentada en el Congreso de Diputados por el Grupo de la Izquierda Plural (IU,ICV-EUIA,CHA)
De nuevo se utilizan las trampas para explicar una medida de los presupuestos, Se justifica la reducción de las partidas de políticas para incentivar el empleo, con el argumento de que son programas ineficientes. Si eso es así lo que debería hacerse es aprobar otros programas de políticas activas y no reducir hasta mínimos las políticas de incentivo del empleo.
Son también unos PGE ineficientes en términos económicos y con el objetivo de salida de la crisis. No solo porque se reducen las partidas para políticas activas, sino porque uno de los Departamentos más afectados por el ajuste es el de Educación. Obviando así la Declaración del último Consejo Europeo que llamaba a los gobiernos europeos a salvar del ajuste fiscal los gastos en Educación, Investigación y Desarrollo. El Gobierno español utiliza la coartada de la UE para lo que le interesa y obvia todo aquello que no coincide con sus concepciones políticas.
Y por último son unos PGE profundamente injustos en el reparto de los costes. Sube un 7% la tarifa de último recurso de la electricidad, un 5% la del gas. Se aprueban nuevas tasas para el acceso de los ciudadanos a la Justicia. Se reducen las partidas para las prestaciones de dependencia .Se congela de nuevo el sueldo de los empleados públicos. Y en paralelo se acuerda una amnistía Fiscal, bajo la denominación de regularización que permite a los evasores fiscales eludir sus responsabilidades fiscales pagando solo el 10% de los capitales que hagan emerger. Eso sí, afirmando, como cada vez que se ha tirado mano de la amnistía fiscal a los evasores que esta es la última vez, pero sin que se aporten datos de como avanzar en la lucha contra la evasión fiscal de capitales Todo ello, mientras se atrasa “sine die” la Reforma Fiscal prometida. La única de las reformas estructurales que parece no ser urgente para el Sr Rajoy.
Deberemos estar atentos a la reforma el Impuesto de Sociedades anunciada y a su letra pequeña para ver si es cierto que supone un cambio de alguna significación. La experiencia de la última reforma en este sentido aprobada el 2006 a iniciativa del PSOE, con los votos de CIU y el val del PP nos permite dudar de las afirmaciones realizadas. Ya entonces se dijo que la reforma era para beneficiar a las PIMES y los grandes beneficiarios han sido grandes empresas y a los bancos.
Tendremos oportunidad de profundizar en el análisis en detalle de los PGE 2012 cuando entren en Congreso de Diputados. Pero de esta primera lectura de los datos presentados por el Gobierno podemos afirmar que son toda una provocación social. Una provocación que, no por anunciada, es menos graves y que sin duda justifica aún más la huelga general del 29 de marzo y la continuidad de las movilizaciones sociales.
dimecres 14 de març de 2012
Gràcies
La vida ha volgut que hagi coincidit els intents del President del Govern, Sr Rajoy de fer-nos callar davant les critiques a la seva política amb la mort de Teresa Pamies. Això m'ha permès reivindicar la seva persona i la de la seva generació. Una generació de gegants que mai van callar, com no callarem nosaltres.
Gràcies Teresa, Maria Salvo, Antonia Garcia, Pili Claudin.
Gràcies a totes vosaltres, dones que ens heu transmès valors i força per resistir.
Joan
Gràcies Teresa, Maria Salvo, Antonia Garcia, Pili Claudin.
Gràcies a totes vosaltres, dones que ens heu transmès valors i força per resistir.
Joan
dissabte 10 de març de 2012
DE LA DACIÓN EN PAGO, A LA INDIGNACIÓN POR ENGAÑO
Me temía que el Gobierno del PP hubiera de nuevo aplicado con la dación en pago su estrategia de manipulación comunicativaY desgraciadamente se ha confirmado.
Cada semana hace lo mismo. El jueves filtra su versión interesada de lo que serán los acuerdos del Consejo de Ministros, con lo que intenta marcar la agenda comunicativa del viernes, día de los Consejos de Ministros y condicionar a los profesionales. El viernes en la rueda posterior al Consejo de Ministros explica su versión de los acuerdos, sin facilitar a los medios de comunicación el contenido integro de las disposiciones aprobadas, con lo que consigue marcar agenda y titulares. Y aunque el sábado el BOE desmienta la información que el Gobierno ha ido colando durante dos días, el trabajo ya está hecho y su objetivo conseguido.
El Gobierno ya ha conseguido vender su política y aunque después se intente informar de lo contrario, en comunicación quien golpea primero, golpea mil veces. Y esto es lo que por enésima vez ha hecho con el Real Decreto Ley 6/2012 mal llamado de “Medidas Urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos”.
Las movilizaciones sociales de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas y la Interpelación y subsiguiente Moción presentada por el Grupo de la Izquierda Plural (IU,ICV-EUIA,CHA) han obligado al Gobierno a mover pieza y a aprobar una norma con la que pretende hacer ver que esta ofreciendo soluciones.
Por eso el Gobierno del PP toda una ofensiva para hacer creer a la ciudadanía que estava encarando el drama de las familias desahuciadas.De la lectura detallada de la norma se desprende que de nuevo el Gobierno utiliza el engaño como forma de relacionarse con la ciudadanía. Veamos que dice el RDL 6/2012.
De entrada vale la pena dejar constancia que nada de lo que ha regulado el Gobierno afecta a las personas que ya han sufrido un proceso hipotecario y han terminado siendo deshauciadas
En relación a su contenido podemos comenzar por aquello que aparentemente es positivo.
El RD Ley 6/2012 supone cambios en lo que se refiere a la ejecución extrajudicial de las hipotecas, la que hasta ahora era objeto de más abusos e injusticias para las personas hipotecadas, en la medida en que no existía un mínimo, un suelo por el que el acreedor o un tercero se pudieran adjudicar la vivienda, dejando toda la mochila del resto del crédito a la familia embargada.
El cambio más significativo es que se establecen mecanismos por el que el mínimo de adjudicación en subasta de ejecución extrajudicial de una hipoteca no podrá ser inferir a una cantidad que oscila en función del procedimiento entre el 50% y el 60% del valor de tasación. Más allá de la barbaridad que supone que el banco acreedor se pueda adjudicar una vivienda por el 60% del valor de la tasación que ellos mismos realizaron, dejando a la familia sin vivienda y con una deuda por el importe restante, más intereses, más gastos. Más allá de eso, digo, el Gobierno se da un plazo de 6 meses para desarrollar reglamentariamente estos cambios normativos. Cuanta prisa se da el Gobierno para algunas cosas, como la Reforma Laboral y que poca prisa para otras.
Un segundo aspecto, aparentemente positivo, es el de las modificaciones fiscales para reducir el impacto fiscal que los procesos de reestructuración de la deuda hipotecaria o la dación tienen hoy en las familias afectadas. Positivo si no fuera porque son cambios que solo afectaran a los que se puedan beneficiar de este procedimiento que, como explicaré a continuación, serán muy pocas familias.
En relación al tronco del Real Decreto Ley 6/2012 se confirma que todo gira alrededor de un Código de Buenas Practicas que deberán suscribir voluntariamente las entidades financieras. El Gobierno ha dicho que una vez firmado por los Bancos es de cumplimiento obligado durante dos años, olvidándose de explicar que el cumplimiento concreto de las obligaciones quedan en manos de los Bancos en relación a las propuestas concretas de reestructuración de la deuda y que en las otras dos modalidades, la quita en el volumen de la deuda son de aceptación absolutamente discrecional y voluntaria por parte de los bancos.
En resumen todo continúa en manos de la voluntad de los Bancos. Eso sí, habrá una Comisión de Control formada por un representante de la Asociación Hipotecaria Española, Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de valores y Secretaria de Estado de Economía. O sea, todos los responsables de este y muchos otros desaguisados, los responsables de la connivencia con la impunidad de bancos van a ser los que controlen el cumplimiento del Código de Buenas Prácticas. A eso la sabiduría popular le ha llamado “poner a las zorras a cuidar de las gallinas”.
Pasemos a analizar los aspectos centrales de esta falsa solución a las familias hipotecadas.
De entrada se limita los beneficiarios a lo que se denomina como personas en el “Umbral de la exclusión”, que por las exigencias que plantea parece que va a excluir a la inmensa mayoría de familias afectadas.
Se exige para poder acceder a la buena voluntad de los bancos los siguientes requisitos acumulativos:
Que todos los miembros de la familia o pareja de hecho no tenga ningún tipo de ingresos por trabajo o actividades económicas. Incluidos los hijos.
Que la deuda sea superior al 60% de los ingresos de la familia (que deben estar todos desempleados).
Que el conjunto de la unidad familiar carezca de cualquier bien o derechos patrimoniales.
Que la hipoteca recaiga sobre la única vivienda del deudor y el crédito se concediera para la compra de la vivienda (quedan pues excluidos todos aquellos que subscribieron una hipoteca para cubrir otras obligaciones, por ejemplo establecerse como autónomos).
Que se trate de un préstamo hipotecario que carezca de otras garantías, como avalistas.
Que no existan avalistas o que si existen estén en las mismas condiciones de "Umbral de Exclusión" que el deudor. Un último requisito que afecta especialmente a las familias inmigrantes que fueron victimas del engaño de los bancos con los famosos créditos hipotecarios cruzados. Porque se exige que si existieran codeudores que no formen parte de la unidad familiar, estos codeudores también deberán ser pobres de solemnidad, o sea cumplir los requisitos anteriores.
Si alguna de las familias afectadas consigue reunir todos estos requisitos y presentar los siete documentos que se le exigen, deberá cumplir otros requisitos más. Y es que el valor de la vivienda no supere unos determinados topes que se concretan en una escala que va de los 200.000 euros en las ciudades de más de 1.000.000 de habitantes a los 120.000 euros en las poblaciones de hasta 100.000 habitantes.
Pues bien si alguien cumple todas estas condiciones podrá acceder al Código de Buenas Prácticas. Con algunas matizaciones importantes.
Primero, que la entidad titular de la hipoteca haya firmado su sometimiento voluntario al Código.
Segundo, que no podrán solicitar que se apliquen las medidas del Código quienes tengan el procedimiento de ejecución en marcha y ya se haya anunciado la subasta.
Pues bien, si alguien consigue cumplir todos estos requisitos y su acreedor ha tenido a bien suscribir el Código de Buenas Prácticas y no está el procedimiento en marcha, a que tiene derecho la familia embargada?. ¿Y que puede exigirle al Banco acreedor?.
Pues solo una propuesta de reestructuración de la deuda, poque las otras dos posibilidades previstas en el Código, la quita de una parte de la deuda o la dación en pago és de absoluta discrecionalidad por parte del banco que, a pesar de haber firmado el Código de buenas Practicas podrá decidir si acepta o no la propuesta de la familia deudora. Y la dación en pago se pospone a que el deudor haya recorrido todo este laberinto de condiciones, requisitos y obstaculos.
¿En que consiste la propuesta que reestructuración de la deuda? que podrá solicitar el deudor a su banco acreedor si cumple todos los requisitos anteriores y el Banco ha suscrito el Código de Buenas Prácticas.
La propuesta de reestructuración consiste en una carencia de amortización de capital de cuatro años, durante los cuales el interés a pagar no podrá ser superior al Euribor más el 0,25%. Y una redistribución de las cuotas de amortización de capital e intereses de hasta 40 años. La propuesta la hará el Banco y el deudor embargado deberá decidir si la acepta en las condiciones establecidas por el Banco.
Pero si la persona o familia hipotecada no está en condiciones de firmar esta reestructuración de la deuda puede solicitar de la entidad financiera una quita en la deuda. Con un pequeño, pero importante detalle, la concesión de la quita queda condicionada a la discrecionalidad del banco. Porque el Real Decreto Ley 6/2012 dice literalmente en el anexo del Código de Buenas practicas los siguiente: “Los deudores…….. podrán solicitar una quita en el capital pendiente de amortización…… que la entidad financiera tendrá la facultad de aceptar o rechazar en el plazo de un mes.
Por último y si alguien ha conseguido superar todos estos obstáculos y condiciones, entonces sí. Después de transcurrido un año después de la solicitud de reestructuración los deudores podrán solicitar del banco acreedor que se le aplique la dación en pago con la cancelación de la deuda pendiente de pago a cambio de la entrega de la vivienda.
Mucho me gustaría equivocarme y tener que reconocerlo, pero van a ser muy pocas las familias que se puedan acoger a este procedimiento y aún menos las que accedan a la dación en pago.
Mucho me temo que esto termine en otro fiasco para las familias afectadas como sucedió con la moratoria del Gobierno Zapatero del año 2008 con créditos ICO, en que durante todo el tiempo de vigencia solo se utilizó el 1,3% de los 6.000 millones autorizados al ICO, porque las condiciones eran de imposible cumplimiento.
Y que las únicas daciones en pago que los bancos acepten sean las que les interesen, por ser el capital pendiente de pago inferior al precio de la vivienda, con lo cual salen ganando. Que és exactamente lo que estan haciendo ahora,con la única excepción de las daciones enpago conseguidas fruto de la mobilización de la PAH y la solidaridad de los vecinos.
Eso és lo que aprece que continuarà pasando. Que pocas familias se van a poder acoger a este procedimiento, salvo claro que la movilización social consiga lo que bancos y Gobiernos no están dispuestos a aceptar, salidas equilibradas.
En todo caso, garantizó en nombre propio, de ICV i de Izquierda Plural que exigiremos al Gobierno información permanente sobre los efectos de este Real Decreto Ley y su Placebo de Buenas Practicas. Y que continuaremos insistiendo en que e adopten verdaderas soluciones.
He dejado para el final una perla. Si he leído bien, el Gobierno aprovecha este Real Decreto ley para una modificación importante en las competencias de control de las Fundaciones especiales de las Cajas. En la disposición final primera se dice que el control y Protectorado de estas Fundaciones especiales - fruto de los procesos de cambio de personalidad de las cajas después de las fusiones- cuando actuen mayoritariamente en más de una CCAA corresponderá al estado a través del Ministerio de Economia y Competitividad . No sé que relación tienen los órganos de Gobierno de las Cajas y el control de sus Fundaciones con las medidas de apoyo a deudores hipotecarios. Salvo claro que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid.
Si hasta ahora había 1000 razones para la Huelga General del 29 de marzo contra la reforma laboral y en defensa de los Derechos Sociales. Este Real Decreto Ley nos ha dado la razón 1001, defender nuestra dignidad de ciudadanos libres. Frente a un Gobierno que nos está continuamente engañando con mentiras y manipulación.
Cada semana hace lo mismo. El jueves filtra su versión interesada de lo que serán los acuerdos del Consejo de Ministros, con lo que intenta marcar la agenda comunicativa del viernes, día de los Consejos de Ministros y condicionar a los profesionales. El viernes en la rueda posterior al Consejo de Ministros explica su versión de los acuerdos, sin facilitar a los medios de comunicación el contenido integro de las disposiciones aprobadas, con lo que consigue marcar agenda y titulares. Y aunque el sábado el BOE desmienta la información que el Gobierno ha ido colando durante dos días, el trabajo ya está hecho y su objetivo conseguido.
El Gobierno ya ha conseguido vender su política y aunque después se intente informar de lo contrario, en comunicación quien golpea primero, golpea mil veces. Y esto es lo que por enésima vez ha hecho con el Real Decreto Ley 6/2012 mal llamado de “Medidas Urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos”.
Las movilizaciones sociales de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas y la Interpelación y subsiguiente Moción presentada por el Grupo de la Izquierda Plural (IU,ICV-EUIA,CHA) han obligado al Gobierno a mover pieza y a aprobar una norma con la que pretende hacer ver que esta ofreciendo soluciones.
Por eso el Gobierno del PP toda una ofensiva para hacer creer a la ciudadanía que estava encarando el drama de las familias desahuciadas.De la lectura detallada de la norma se desprende que de nuevo el Gobierno utiliza el engaño como forma de relacionarse con la ciudadanía. Veamos que dice el RDL 6/2012.
De entrada vale la pena dejar constancia que nada de lo que ha regulado el Gobierno afecta a las personas que ya han sufrido un proceso hipotecario y han terminado siendo deshauciadas
En relación a su contenido podemos comenzar por aquello que aparentemente es positivo.
El RD Ley 6/2012 supone cambios en lo que se refiere a la ejecución extrajudicial de las hipotecas, la que hasta ahora era objeto de más abusos e injusticias para las personas hipotecadas, en la medida en que no existía un mínimo, un suelo por el que el acreedor o un tercero se pudieran adjudicar la vivienda, dejando toda la mochila del resto del crédito a la familia embargada.
El cambio más significativo es que se establecen mecanismos por el que el mínimo de adjudicación en subasta de ejecución extrajudicial de una hipoteca no podrá ser inferir a una cantidad que oscila en función del procedimiento entre el 50% y el 60% del valor de tasación. Más allá de la barbaridad que supone que el banco acreedor se pueda adjudicar una vivienda por el 60% del valor de la tasación que ellos mismos realizaron, dejando a la familia sin vivienda y con una deuda por el importe restante, más intereses, más gastos. Más allá de eso, digo, el Gobierno se da un plazo de 6 meses para desarrollar reglamentariamente estos cambios normativos. Cuanta prisa se da el Gobierno para algunas cosas, como la Reforma Laboral y que poca prisa para otras.
Un segundo aspecto, aparentemente positivo, es el de las modificaciones fiscales para reducir el impacto fiscal que los procesos de reestructuración de la deuda hipotecaria o la dación tienen hoy en las familias afectadas. Positivo si no fuera porque son cambios que solo afectaran a los que se puedan beneficiar de este procedimiento que, como explicaré a continuación, serán muy pocas familias.
En relación al tronco del Real Decreto Ley 6/2012 se confirma que todo gira alrededor de un Código de Buenas Practicas que deberán suscribir voluntariamente las entidades financieras. El Gobierno ha dicho que una vez firmado por los Bancos es de cumplimiento obligado durante dos años, olvidándose de explicar que el cumplimiento concreto de las obligaciones quedan en manos de los Bancos en relación a las propuestas concretas de reestructuración de la deuda y que en las otras dos modalidades, la quita en el volumen de la deuda son de aceptación absolutamente discrecional y voluntaria por parte de los bancos.
En resumen todo continúa en manos de la voluntad de los Bancos. Eso sí, habrá una Comisión de Control formada por un representante de la Asociación Hipotecaria Española, Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de valores y Secretaria de Estado de Economía. O sea, todos los responsables de este y muchos otros desaguisados, los responsables de la connivencia con la impunidad de bancos van a ser los que controlen el cumplimiento del Código de Buenas Prácticas. A eso la sabiduría popular le ha llamado “poner a las zorras a cuidar de las gallinas”.
Pasemos a analizar los aspectos centrales de esta falsa solución a las familias hipotecadas.
De entrada se limita los beneficiarios a lo que se denomina como personas en el “Umbral de la exclusión”, que por las exigencias que plantea parece que va a excluir a la inmensa mayoría de familias afectadas.
Se exige para poder acceder a la buena voluntad de los bancos los siguientes requisitos acumulativos:
Que todos los miembros de la familia o pareja de hecho no tenga ningún tipo de ingresos por trabajo o actividades económicas. Incluidos los hijos.
Que la deuda sea superior al 60% de los ingresos de la familia (que deben estar todos desempleados).
Que el conjunto de la unidad familiar carezca de cualquier bien o derechos patrimoniales.
Que la hipoteca recaiga sobre la única vivienda del deudor y el crédito se concediera para la compra de la vivienda (quedan pues excluidos todos aquellos que subscribieron una hipoteca para cubrir otras obligaciones, por ejemplo establecerse como autónomos).
Que se trate de un préstamo hipotecario que carezca de otras garantías, como avalistas.
Que no existan avalistas o que si existen estén en las mismas condiciones de "Umbral de Exclusión" que el deudor. Un último requisito que afecta especialmente a las familias inmigrantes que fueron victimas del engaño de los bancos con los famosos créditos hipotecarios cruzados. Porque se exige que si existieran codeudores que no formen parte de la unidad familiar, estos codeudores también deberán ser pobres de solemnidad, o sea cumplir los requisitos anteriores.
Si alguna de las familias afectadas consigue reunir todos estos requisitos y presentar los siete documentos que se le exigen, deberá cumplir otros requisitos más. Y es que el valor de la vivienda no supere unos determinados topes que se concretan en una escala que va de los 200.000 euros en las ciudades de más de 1.000.000 de habitantes a los 120.000 euros en las poblaciones de hasta 100.000 habitantes.
Pues bien si alguien cumple todas estas condiciones podrá acceder al Código de Buenas Prácticas. Con algunas matizaciones importantes.
Primero, que la entidad titular de la hipoteca haya firmado su sometimiento voluntario al Código.
Segundo, que no podrán solicitar que se apliquen las medidas del Código quienes tengan el procedimiento de ejecución en marcha y ya se haya anunciado la subasta.
Pues bien, si alguien consigue cumplir todos estos requisitos y su acreedor ha tenido a bien suscribir el Código de Buenas Prácticas y no está el procedimiento en marcha, a que tiene derecho la familia embargada?. ¿Y que puede exigirle al Banco acreedor?.
Pues solo una propuesta de reestructuración de la deuda, poque las otras dos posibilidades previstas en el Código, la quita de una parte de la deuda o la dación en pago és de absoluta discrecionalidad por parte del banco que, a pesar de haber firmado el Código de buenas Practicas podrá decidir si acepta o no la propuesta de la familia deudora. Y la dación en pago se pospone a que el deudor haya recorrido todo este laberinto de condiciones, requisitos y obstaculos.
¿En que consiste la propuesta que reestructuración de la deuda? que podrá solicitar el deudor a su banco acreedor si cumple todos los requisitos anteriores y el Banco ha suscrito el Código de Buenas Prácticas.
La propuesta de reestructuración consiste en una carencia de amortización de capital de cuatro años, durante los cuales el interés a pagar no podrá ser superior al Euribor más el 0,25%. Y una redistribución de las cuotas de amortización de capital e intereses de hasta 40 años. La propuesta la hará el Banco y el deudor embargado deberá decidir si la acepta en las condiciones establecidas por el Banco.
Pero si la persona o familia hipotecada no está en condiciones de firmar esta reestructuración de la deuda puede solicitar de la entidad financiera una quita en la deuda. Con un pequeño, pero importante detalle, la concesión de la quita queda condicionada a la discrecionalidad del banco. Porque el Real Decreto Ley 6/2012 dice literalmente en el anexo del Código de Buenas practicas los siguiente: “Los deudores…….. podrán solicitar una quita en el capital pendiente de amortización…… que la entidad financiera tendrá la facultad de aceptar o rechazar en el plazo de un mes.
Por último y si alguien ha conseguido superar todos estos obstáculos y condiciones, entonces sí. Después de transcurrido un año después de la solicitud de reestructuración los deudores podrán solicitar del banco acreedor que se le aplique la dación en pago con la cancelación de la deuda pendiente de pago a cambio de la entrega de la vivienda.
Mucho me gustaría equivocarme y tener que reconocerlo, pero van a ser muy pocas las familias que se puedan acoger a este procedimiento y aún menos las que accedan a la dación en pago.
Mucho me temo que esto termine en otro fiasco para las familias afectadas como sucedió con la moratoria del Gobierno Zapatero del año 2008 con créditos ICO, en que durante todo el tiempo de vigencia solo se utilizó el 1,3% de los 6.000 millones autorizados al ICO, porque las condiciones eran de imposible cumplimiento.
Y que las únicas daciones en pago que los bancos acepten sean las que les interesen, por ser el capital pendiente de pago inferior al precio de la vivienda, con lo cual salen ganando. Que és exactamente lo que estan haciendo ahora,con la única excepción de las daciones enpago conseguidas fruto de la mobilización de la PAH y la solidaridad de los vecinos.
Eso és lo que aprece que continuarà pasando. Que pocas familias se van a poder acoger a este procedimiento, salvo claro que la movilización social consiga lo que bancos y Gobiernos no están dispuestos a aceptar, salidas equilibradas.
En todo caso, garantizó en nombre propio, de ICV i de Izquierda Plural que exigiremos al Gobierno información permanente sobre los efectos de este Real Decreto Ley y su Placebo de Buenas Practicas. Y que continuaremos insistiendo en que e adopten verdaderas soluciones.
He dejado para el final una perla. Si he leído bien, el Gobierno aprovecha este Real Decreto ley para una modificación importante en las competencias de control de las Fundaciones especiales de las Cajas. En la disposición final primera se dice que el control y Protectorado de estas Fundaciones especiales - fruto de los procesos de cambio de personalidad de las cajas después de las fusiones- cuando actuen mayoritariamente en más de una CCAA corresponderá al estado a través del Ministerio de Economia y Competitividad . No sé que relación tienen los órganos de Gobierno de las Cajas y el control de sus Fundaciones con las medidas de apoyo a deudores hipotecarios. Salvo claro que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid.
Si hasta ahora había 1000 razones para la Huelga General del 29 de marzo contra la reforma laboral y en defensa de los Derechos Sociales. Este Real Decreto Ley nos ha dado la razón 1001, defender nuestra dignidad de ciudadanos libres. Frente a un Gobierno que nos está continuamente engañando con mentiras y manipulación.
dijous 8 de març de 2012
ENTREVISTA AL CANAL 24HORAS DE TVE
Aquí teniu el vídeo de l'entrevista que ahir em van fer al Canal 24horas de TVE on parlem entre d'altres coses del sostre de dèficit i de la reforma laboral
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